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Una de las principales tesis de nuestros gobernantes en la actualidad es la necesidad de que el gobierno y los ciudadanos participen conjuntamente en todas las acciones que sumen un esfuerzo para resolver desde lo simple hasta lo complejo y así escuchamos el discurso del presidente Calderón, invitando a los ciudadanos y gobierno que interactúen en forma conjunta, sin embargo considero que este proceso se vería alentado si realmente los gobiernos de las diferente entidades federativas y municipales cumplieran con su parte y permitieran que realmente el ciudadano tuviera voz y voto, viene a colación en el mundo inmobiliario en relación a la designación de los uso de suelo de los predios, punto más que importante, ya que de ese plan depende la correcta urbanización de las zonas en que se realicen estos cambios.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el pasado mes de abril, una nueva Ley Desarrollo Urbano, que reitera la obligación de consultar a los vecinos, para que emitan su opinión antes de modificar los programas delegaciónales de desarrollo urbano, pero para sorpresa la participación ciudadana quedó reducida en cuanto a número de ciudadanos y estos solamente podrán participar en las sesiones de un comité técnico en la que el GDF tendrá amplia mayoría.
De esta manera el poder ciudadano queda minimizado y nuevamente, nos preguntamos ¿dónde quedo la bolita? Estas acciones contradicen el discurso y los funcionarios no cumplen , generando el desinterés, indignación y coraje de la ciudadanía, pues así los diputados, locales pueden seguir realizando modificaciones de uso de suelo de los predios de los nuevos corredores estratégicos, sin que los vecinos lo eviten y por consecuencia aumentará el caos en que vivimos actualmente y no se mejorará nuestra calidad de vida.
Cito este ejemplo, pero lo mismo viene sucediendo en el Estado de México en los municipios más importantes de la zona conurbada, donde el ciudadano siempre queda relegado en los consejos de Desarrollo Urbano, me pregunto, esto obedecerá a los intereses de quienes otorgan usos de suelo sin medir el impacto por ignorancia, de lo que puede generarse y así como este ejemplo, sucede, en casi toda la República con sus honrosas excepciones.
Me pregunto, gobiernos vienen y van de diferentes colores, pero todos coinciden en no permitir al ciudadano participar en igualdad de circunstancias. No cabe duda de aquel viejo proverbio que dice, “Que el poder no se comparte” y agregaría... porque sino, no les toca la mejor parte, ¡por eso estamos como estamos!
Mi conclusión, es que debemos insistir a través de la AMPI, en toda la República, en que siempre exista, la participación de un asociado, dentro de los Consejos de Desarrollo Urbano, para que con su experiencia se puedan realizar propuestas razonadas que sean escuchadas; tenemos que cambiar este paradigma y no doblar las manos; promover si es necesario, juicios de lo Contencioso Administrativo, y también turnar esas propuestas en forma paralela a través de la diputación local, que nos representa.
Hasta la próxima.
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