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Por Lic. David F. Dávila Gómez
No hay duda de que nuestros legisladores tienen cada vez menores posibilidades de reformar una realidad que se les impone como consecuencia de la falta de iniciativa del Poder Ejecutivo para plantear una verdadera reforma fiscal, no cabe duda de que a nadie nos gusta pagar impuestos, pero es la única forma de que el estado puede cubrir su necesidades financieras y prestar servicios públicos con mayor eficiencia y calidad, la problemática, desde mi punto de vista, es que por razones políticas se han dejado avanzar regímenes especiales, que ponen en situación de impunidad a grupos que en la realidad no debieran tener regímenes especiales de tributación.
Lo anterior, sin contar con el hecho de que la carga fiscal en nuestro país, contiene una desigualdad de origen la cual ha sido fomentada por los factores reales del poder, como son principalmente: los grandes empresarios y todos aquellos políticos que ha generado la desigualdad distribución de la riqueza característica sintomática de la Revolución Mexicana, la cual en lugar de producir un cambio en beneficio de la mayoría, parece que permitió la concentración de la riqueza en unos grupos de carácter oligopólico.
En especial, quiero comentar que el poder ejecutivo ha sido incapaz de plantear una verdadera reforma fiscal que haga más equitativa la distribución de la carga fiscal.
El planteamiento de los parches sugeridos en la reforma del este fin de año han quedado en una serie incongruentes medidas que pretenden palear el déficit presupuestal de este gobierno, pero no tienen en mi criterio, ninguna visión ni de mediano ni a largo plazo, y considero que es urgente que en un país en el que sólo once millones de sus habitantes aproximadamente somos los que pagamos impuestos, se debe plantear una reforma fiscal en verdad distributiva y con alcances que permitan que nuestro país logre al menos en los próximos 20 años, avanzar del lugar que ocupamos, dentro de las primeras 15 economías principales del mundo.
Es trascendente, destacar dentro de los parches inapropiados, el aumento en la tarifa gravable del impuesto sobre la renta, el cual como sabemos pasa del 28 al 30 por ciento en el próximo año, por lo que respecta a la forma en la que la mencionada tarifa impactará en los causantes cautivos que tributamos dicho impuesto, se debe destacar que de las 4862 empresas que tienen régimen de consolidación fiscal adoptada libremente por ellos y que se dividen en 422 grupos, se modificó acelerando la forma en que el estado recuperará los impuestos diferidos, pero lo anterior, sin dejar de ser un régimen especial de tributación, inequitativo y carente de proporcionalidad. Por otra parte, por lo que se refiere al área inmobiliaria, se modifica el plazo que se requería, para que en los términos del artículo 109 fracción XV de la Ley de Impuestos Sobre la renta, ahora reformada, pase de 6 meses a 5 años, en el caso de inmuebles que tengan valor inferior a $6’469,482, lo cual seguramente provocará que algunas operaciones de compra venta, que estaban por celebrarse, deban de ser suspendidas, o cuando menos ajustadas ya que de algo que no iba a causar el impuesto de referencia, posiblemente tengan que esperar a que transcurran los 5 años que hemos estado mencionando, o diferir la operación en virtud del impuesto que causará.
De mucha importancia para nuestro país, resulta el hecho de que las inversiones y gastos realizados en fomentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, están recibiendo una regulación mayor, a la que ya tenían, lo cual parece un contra sentido a nuestra necesidad de desarrollo de diversas áreas, ya que como lo ha dicho Enríquez Cabot en su libro “Mientras el Futuro te Alcanza”, país que no fomente en forma significativa el desarrollo tecnológico, país que estará condenado en el futuro a ser maquilador dependiente de los principales países capitalistas.
En relación con los impuestos locales, que se generen por el Gobierno del Distrito Federal, no puede sino adelantar algunas tendencias que son significativas y que seguramente, harán que la Asamblea de Representantes, una vez que reciba el proyecto que a su vez les haya enviado el ejecutivo local; en el sentido de incrementos en los derechos por servicio de agua y seguramente en algunos otros derechos con los cuales, el gobierno de la Ciudad pretenderá financiar el déficit que el Gobierno Federal le produce al asignarle una menor cantidad de presupuesto, en la Ley de Ingresos Federal. Hay también según lo han anunciado las autoridades locales, un proyecto de cobro y regularización de construcciones efectuadas sin licencia en nuestro Distrito Federal, lo cual debe de traducirse en algunos ingresos que actuarán como paliativo al déficit mencionado, ya que, según la información periódica dada a conocer, son alrededor de 99 mil inmuebles los que tienen construcciones irregulares, que no han sido declaradas al gobierno de nuestra Ciudad.
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