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Fuente: http://www.elinformativoinmobiliario.com
La Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu) llevo a cabo una propuesta de Proyecto de Ley de Preventas Inmobiliarias, presentada ante la Comisión Especial contra el Cobro del Indice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) de la Asamblea Nacional (AN).
El riesgo que representa para las familias venezolanas la pérdida de su vivienda, conforma según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una de las contingencias que amerita la intervención directa del Estado. El artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la vivienda es parte integrante y fundamental del Sistema de Seguridad Social, a la cual tienen derecho todas las personas como servicio público no lucrativo.
Respecto al IPC, Wolfgang Cardozo Espinel, explicó que la propuesta ante la instancia parlamentaria es que se mantenga la prohibición de todo cobro vinculado al IPC, "toda vez que consideramos que este indicador es sólo una referencia del Banco Central de Venezuela (BCV) para medir los precios, más no para utilizarla como una corrección monetaria para los financiamientos en las preventas inmobiliarias".
De este modo las empresas del sector de la construcción del país vienen aplicando desde un tiempo reciente a modo de ajuste de precios, el cálculo del INPC en el sector de la vivienda, llegando en muchos casos a que los que elijan una vivienda deban cancelar hasta más del 50 por ciento del valor de la misma por éste concepto, lo que para muchos significa la pérdida de esa opción por la imposibilidad de cancelar dicho ajuste.
Según Cardozo Espinel, se quiere ayudar a través de la aplicación de estas normas a fortalecer el sistema de Vivienda y Hábitat con financiamientos equitativos, justos, solidarios y que protejan la seguridad de la familia y su patrimonio.
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